Comprobaciones que pueden sufrir los autónomos por las ayudas cobradas durante la pandemia
Los autónomos que han recibido algunas de las ayudas y prestaciones desde el pasado marzo de 2020 como pueden ser: el cese de actividad extraordinario, los ERTE a raíz del COVID, o las ayudas directas, podrían enfrentarse a comprobaciones por parte de la Administración, y si lo determina, deberán devolverlas.
¿Qué condiciones de las ayudas recibidas podrán revisarse?
Ayudas directas
Ya se está solicitando toda la documentación que acredite que el dinero se está destinando a cancelar, por ejemplo, un préstamo ICO o a pagar a proveedores.
La empresa beneficiaria deberá justificar el mantenimiento de la actividad que le da derecho a las ayudas a 30 de junio de 2022.
En su defecto, se procederá al reintegro de las ayudas percibidas.
Cese de actividad
Las mutuas serán quienes revisen las resoluciones provisionales adoptadas.
La devolución deberá realizarse de golpe y en un plazo de 10 días.
La devolución de las cuatro presentaciones podría empezar a solicitarse en las diferentes fechas: la primera -entre marzo y junio de 2020-, la segunda -entre julio y septiembre de 2020-, la tercera -entre octubre y enero de 2021- y la cuarta-entre febrero y mayo de 2021-.
ERTE a raíz del COVID-19
Aquellos que tienen bonificación para el autónomo - y por tanto riesgo de devolución- han sido los de limitación, impedimento o fuerza mayor.
En el caso de que el autónomo informará mal del código del ERTE y se comprobará que le debería de haber correspondido una menor bonificación, se le exigirá la devolución de lo percibido de más y posiblemente se le impondría una sanción.
Además si el despido se produjo antes del tiempo deberá devolver las cotizaciones exoneradas.
Préstamos ICO
Para comprobar que los fondos se han utilizado de forma correcta, el organismo podrá solicitar al autónomo todos los justificantes necesarios que acrediten en qué ha gastado el dinero.
Según el ICO, estos fondos únicamente podrán haberse utilizado para:
- Los pagos de los salarios
- Facturas de proveedores pendientes de liquidar
- Alquileres de locales, oficinas e instalaciones
- Gastos de suministros
- Necesidad de circulante
- Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias