La mitad de los empleados públicos menores de 40 años son temporales
Ya hace tiempo que trabajar para la Administración y tener estabilidad laboral dejaron de ser sinónimo. En el segundo trimestre del año, la tasa de temporalidad entre los empleados públicos llegó al 28,2%, frente al 19% de comienzos de 2013. Marcó un nuevo récord y superó con holgura a la del sector privado (25,9%). Esta situación se agrava entre los más jóvenes, y no solo entre quienes acaban de llegar al mercado laboral, sino también entre quienes aún no han cumplido los 40 años. En este grupo, los trabajadores eventuales son más de la mitad (55%), según la encuesta de población activa del INE.
La puerta de entrada al mercado laboral español se abre a base de contratos temporales. De muchos. Y esta ley de hierro que empezó a forjarse en los años ochenta en el sector privado, no solo ha llegado a las Administraciones sino que ha ido a más. Para empleados públicos menores de 40 años la tasa de temporales está en el 55%, frente al 44,9% en el que se situó en el segundo trimestre de 2008.
La tendencia se observa con nitidez al comparar las tasas de temporalidad por edades. Entre los más jóvenes, las cifras son altísimas: 93,5% en el sector público para los menores de 20 años y 85% en el privado. Después, conforme las cohortes observadas envejecen, el peso de los trabajadores eventuales va cayendo. Sin embargo, esa evolución natural es mucho más lenta entre quienes trabajan para el sector público: de 30 a 39 años el porcentaje de eventuales llega al 45,7% en las Administraciones y, en cambio, baja al 25,6% en las empresas privadas.
El resultado de esa precariedad enquistada es que más de la mitad de los 822.900 trabajadores menores de 40 años del sector público son temporales frente al 36,3% de los casi seis millones de asalariados del sector privado, según la última EPA.
Para explicar esta situación, los tres sindicatos más representativos entre los funcionarios (CC OO, CSI-F y UGT) recurren a argumentos similares: los años de austeridad, que en el caso de gestión de personal llevaron a la práctica paralización de las oposiciones desde 2010/2012 y que solo en los últimos ejercicios empiezan a volver a convocarse.
“En 2012 se bajan a cero casi todas las tasas de reposición”, apunta Francisco Iglesias, de CSI-F. Se refiere al mecanismo de sustitución de los funcionarios que se jubilan: si llega al 100%, se sustituye a todos los que se retiran; si se queda en el 50%, a la mitad. “Pero que la tasa bajara al 0%, no quiere decir que al jubilarse 100 médicos nos quedáramos sin 100 médicos. Esas plazas no se sacaban, pero sí se contrataban, por ejemplo, a 80 interinos”, aclara. Esto es lo que Frederic Monell, de la federación de Servicios Públicos de UGT, llama “falso mecanismo de ajuste” con una consecuencia: “El bloqueo a la hora de renovar las plantillas en las Administraciones”.
Y así, durante años se ha ido cebando la temporalidad pública, hasta llegar a ese máximo del 28,2%. En seis años ha subido casi nueve puntos y ya son tres los trimestres consecutivos en que supera al sector privado.
“Firmo un contrato casi cada día que trabajo”, señala Raquel Fernández (nombre ficticio). Esta médico de 39 años que trabaja en un hospital catalán explica que no tiene problemas económicos porque “las guardias se pagan bien”, pero también que “podría empapelar una casa con todos lo contratos”.
Sanidad, educación y Ayuntamientos
Su caso no es único en España. La Sanidad pública, dependiente de las comunidades autónomas, es donde más trabajadores interinos y eventuales se concentran. Así lo subraya Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO. “Está disparada en la Sanidad, la Educación y en los Ayuntamientos”, especifica este sindicalista. Se apoya un informe de su organización que, partiendo de los datos de la EPA, cifra la temporalidad en la Sanidad en el 37% y en la Educación, en el 26,1%, sin segregar por edades.
En el Ministerio de Función Pública, también miran a estas competencias autonómicas, “que superan el 25%”. Según sus números, en su ámbito de competencia apenas rozaría el 2%. Olmos cree que esta cifra es muy baja y que es “algo más alta”, aunque tampoco mucho más. Desde el Gobierno central también recuerdan que el pacto de consolidación de empleo público que firmó en 2017 el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy con los sindicatos tenía el objetivo de reducir la temporalidad al 8% y se refería, sobre todo, a las comunidades por la situación de la Educación y la Sanidad.
A pesar de ello, los tres sindicatos defienden que es pronto para hablar de fracaso del pacto porque el plazo de ejecución llega a 2021. No obstante, sí que muestran preocupación por la lentitud en su implantación. Iglesias, de CSI-F, critica la demora en la aplicación del acuerdo en la Administración central y en Justicia. Además, desde que se firmó el pacto se han aprobado dos leyes de presupuestos (necesarias para poner en marcha todo el engranaje de oposiciones) con retraso, 2017 y 2018, y este año están prorrogados.
Monell, de UGT habla de la gran cantidad de tiempo que pasa desde que se pone en marcha una oferta de empleo público hasta que se cierra el proceso. Por su parte, Olmos, de CC OO, lo ilustra: “Este verano están tomando posesión los funcionarios que han ganado la plaza de las ofertas de empleo público de 2017”, ilustra. “Las convocatorias más grandes de Sanidad llegarán a finales de este año”, remacha.